Italia se ha convertido en el país europeo con más radares de velocidad instalados en sus carreteras, concentrando el 17% de todos los dispositivos de control de velocidad de Europa, incluyendo cinemómetros y cámaras en semáforos. Este número coloca a Italia en la tercera posición a nivel mundial, solo superada por Rusia y Brasil, con 18.421 y 17.614 cámaras respectivamente, según las últimas estadísticas de la web especializada SCDB.
En comparación, en el resto de Europa, el Reino Unido sigue a Italia con 7.799 dispositivos, seguido de Alemania con 4.690, Francia con 3.745, Bélgica con 3.179, Suecia con 2.466 y España con 2.268.
A pesar de la alta densidad de radares, Italia no ha visto una mejora significativa en las cifras de siniestralidad. Los datos de 2022 revelan un aumento del 9,9% en las víctimas mortales en accidentes de tráfico, sumando un total de 3.159 fallecidos.
El uso de radares en Italia ha generado un malestar notable entre la población, dividiendo opiniones entre quienes los consideran necesarios para la seguridad vial y quienes los critican por su uso recaudatorio. En los últimos meses, han surgido historias de ciudadanos abrumados por multas de tráfico, mientras que personajes como Fleximan han ganado notoriedad por su lucha contra las cámaras de velocidad, llegando a captar la atención de medios internacionales.
El gobierno italiano ha mostrado interés en establecer límites a la utilización de los radares de velocidad. El año pasado, se reportaron ingresos por multas de más de un millón y medio de euros en los municipios, un incremento cercano al 24% en comparación con 2019, lo que ha encendido las alarmas a nivel estatal.
Sin embargo, a pesar de la expectativa de una reforma del código de circulación que regule el uso y gestión de los radares, esta no se ha materializado. Desde hace 14 años se espera un decreto que estipule las condiciones para la instalación de radares, pero según la asociación de defensa del consumidor Codacons, aún no se ha publicado. Carlo Rienzi, presidente de la asociación, ha señalado a los municipios más pequeños como los principales obstáculos, acusándolos de hacer todo lo posible para retrasar la aprobación de tales regulaciones.